La coacción administrativa es una de las figuras más complejas del Derecho administrativo. Como tal, debe ser estudiada desde dos enfoques centrales, por un lado, la coacción desde la imposición de la autoridad administrativa a que se cumplan sus propios actos, para lo cual podrá ejecutar forzosamente los mismos, en virtud de su potestad de autotutela ejecutiva conforme la competencia que le reconoce el artículo 29 de la Ley núm. 107-13 sobre sobre Derecho de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo u otras leyes sectoriales. Por otro lado, desde la aplicación de la coacción directa a través del uso de la fuerza pública, ante situaciones apremiantes donde resulta necesario su imposición, para mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas, los bienes públicos y privados, y prevenir la comisión inmediata de infracciones a la Ley.
Ambas manifestaciones de la coacción administrativa (la ejecución forzosa y la coacción directa), están sujetas a una estricta legalidad para que se habilite a la Administración a ejercer esta potestad de manera legítima, coherente y proporcional, de lo contrario, estaría cometiendo una vía de hecho o coacción ilegítima y comprometiendo su responsabilidad.
En esta publicación se profundiza sobre sus principios, fundamentos, requisitos y trámites para su correcta aplicación, con énfasis especial en la ejecución forzosa de los actos administrativos y sus distintos medios de ejecución, desde la perspectiva de la Autotutela de la Administración, por ser este el tipo de coacción que encuentra mayor extensión en el ordenamiento jurídico dominicano y probabilidad de aplicación.
Disponible en: Fernández, Aracelis y Sánchez, Zulima (Coord.) Manual de Derecho Administrativo Dominicano. Tomo II, 1er. edición. Santo Domingo, Tribunal Constitucional, Universidad de Salamanca, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2024, pp. 111-179.
La Dirección General de Contrataciones Públicas junto a la Academia ha desarrollado pautas aportando una explicación didáctica de la relación entre calidad y precio en las cuatro fases del ciclo de vida de la contratación: preadjudicación, post-adjudicación, gestión del contrato y cierre, presentando conceptos, normativas, orientaciones y buenas prácticas para que las instituciones públicas puedan implementarlo de manera efectiva al momento de adquirir bienes, obras y servicios maximizando el beneficio para la sociedad y optimizando el uso de los recursos públicos.